LA ELECCIÓN DEL FISCAL: Una respuesta a Peyín (Jorge Fabra)

Pedro Pablo Vargas Vargas (Peyín) ha presentado una problemática posición sobre el tema uno de los temas más importantes de la agencia Colombiana. Como es conocido por todos por prensa, la Corte Suprema de Justicia –ente que se ha caracterizado por investigar y condenara congresistas por vínculos con grupos al margen de la ley- ha rechazado la terna para fiscal. Para la Corte, con la terna que le fue entregada no puede realizar una buena elección. En la opinión de Peyín, la decisión de la Corte no solo es “absurda y repelente” por aplicar inconsultamente el “espíritu de la Ley”, sino que constituye el prevaricato por omisión. Opina, a ningún fiscal se le ha exigido se experto en derecho penal, por lo que ve una meridiana “intención política” en fallo de la Corte, y llega a proponer una investigación penal por parte del Congreso a los magistrados “a fin de ponerle freno a tanta arbitrariedad”.

Una vez más discrepo con nuestro querido Peyín. Creo que con mi profesor de Procesal Penal no hemos estado de acuerdo en nada: no me gustó su método de enseñar penal mediante preguntas por arcaico y demasiado simplista; ni su método de enseñar gramática mediante coloquios (hoy Daniel Cassany, por ejemplo, los tacharía de risibles); encuentro bastante desacertadas sus interpretaciones críticas de García Márquez (como que crónica de una muerte anunciada no tiene mérito literario –se parece más a Corín tellado- porque no es una ‘crónica’); no considero muy relevantes sus análisis ortográficos de los códigos y las leyes y ni siquiera me gusta su poesía porque es demasiado empalagosa . Además, encuentro muy peligrosa la afirmación de la “Cortistis”. En este aspecto, critica Peyín, En este último aspecto dice Peyín, (literalmente) que en derecho 2+2=4, pero que las cortes han hecho que 2+2=5; desconociendo nuestro querido profesión toda una tradición filosófica, política y de técnica jurídica sobre el papel de los jueces.

Y una vez más, discreparé de Peyín en un área que es suya y no mía, Derecho Penal. Muchos han censurado la postura de la Corte mediante interpretaciones formalistas de la Carta y muy autoritativa. Pero han presentado muy buenos argumentos (es muy paradójico, no obstante que los mismos que hoy esgrimen a la Constitución como un argumento contra la Corte, sean los mismos que no vean problemas en modificarla periódicamente sin importar los métodos usados). Creo que llevar el elección del fiscal el llevar el tema a los confines del derecho penal, hasta el punto de sugerir que se ha cometido un delito (lo cual, es igual de paradójico), merece el mismo valor que aquellos que afirman que la Corte le hace el juego a la oposición.

Es claro que el Presidente tiene la facultad para nombrar ternas. Pero también es claro que, en un Estado Social de Derecho, ningún derecho, deber o facultad es absoluta en ningún sentido. Una cosa es escoger a un ministro, que puede ser destituido por el presidente; y una muy diferente es escoger un funcionario para tenga el poder punitivo o los entes de control. En este caso, hay, por lo menos, aparte del cumplimiento formal de requisitos, existe una responsabilidad constitucional de quien forma la terna de hacer las cosas bien. La responsabilidad entonces, es compartida, por un lado del presidente, y luego la de la Corte.

El presidente no se ha tomado muy en serio su papel de nominador. Veamos varios ejemplos. Son conocidas las ternas del presidente donde solo hay un candidato válido (casi todos los nombramientos: defensor, etc) obtienen mayorías absolutas. También son celebres las ternas conformada por un miembro de cada partido de la coalición de Gobierno (como en el Consejo Superior de la Judicatura). Lo anterior, no sería problema si los candidatos fueran buenos. Desde una visión muy sombría, podríamos decir que hace parte de la democracia. Pero este no es el caso. Es de recordar que durante el proceso de deliberación los tres candidatos fueron cuestionados. Camilo Ospina fue cuestionado por una supuesta relación con el ‘Zar de las Esmeraldas’, Víctor Carranza y por su responsabilidad en las directicas administrativas que dieron pie a los falsos positivo. Juan Ángel Palacio quedó involucrado en un escándalo por presunto tráfico de influencias y Uribe, quien tiene contratos con el Ministerio de Transporte, demostró en su audiencia ante la Corte que sabía muy poco de derecho penal. Algunos recuerdan que las Audiencias de la el presidente encargado de la Corte dijo que no podía rechazar la terna, pero muy pocos recuerdan que los tres candidatos tuvieron un papel desastroso en las Audiencias.

Estos cuestionamientos me hacen recordar la situación de la Elección de Sotomayor. Sin querer hacer apología al modelo americano de elección de jueces constitucionales y teniendo en cuenta las diferencias institucionales, el Senado “escarbó” inquisitorialmente cada uno de los aspectos de la vida, ideología y honra de la jueza Sotomayor. Al igual que aquí, Sotomayor no ha cometido ningún delito. Pero al contrario que aquí, a Sotomayor no le hubiera perdonado ninguna falta o mancha de duda sobre su buen proceder. Recordemos que la mujer del César…

Si es claro que el presidente puede nombrar la terna, también es claro que el próximo fiscal de la nación no debe tener ningún reproche moral o profesional. La posición del presidente de mantener una terna, es una posición de simple fuerza. Debe hacer entre los cuarenta millones de colombianos tres ciudadanos con la categoría e idoneidad moral para ser Fiscales. Tal vez el presidente esté diciendo que ser experto en derecho penal no es un requisito, pues el único realmente valido es la cercanía con Palacio. Pero si, sabiendo que pudiera haber otros y tal vez mejores candidatos en la Academia, la Judicatura y en la práctica jurídica, no cumplir el deber de nominar la terna en la mejor forma posible, merecedora de reproche. Al menos moral y público si debería tenerlo, si tenemos en cuenta la situación de derechos humanos y orden público del país: este fiscal tendría que asistir, por ejemplo, algunos funcionarios de alto rango (muchos defendidos por presidencia). Este es solo un ejemplo visible de los muchos retos que le esperan al fiscal. Por ello, y otras razones, el presidente debería tener mucho cuidado en seleccionar

En vez de ello, la Corte ha presentado una posición razonada: La Corte ha presentado argumentos, cuestionables como todos, pero ha presentado argumentos. Por ejemplo, si bien, es cierto que el único fiscal especialista el derecho penal en la historia de los fiscales ha sido el Dr. Goméz Méndez, debe tenerse en cuenta el proceso penal ha cambiado y bajo la Ley 906 los fiscales si deben concurrir a las audiencias de los altos funcionarios y esta función es constitucionalmente indelegable. Igualmente, debemos recordar, que el modelo que puso la Constitución es El servidor público, en Colombia, es un “ciudadano modelo”, máxime cuando en él recae la potestad de aplicar el poder punitivo del Estado. La Corte Suprema en vez de una estricta aplicación de los requisitos constitucionales, está cumpliendo con su obligación constitucional de elegir entre los candidatos, tiene la responsabilidad política y el deber ético de garantizar que se esté respetando el espíritu de la ley. No veo el prevaricato de la Corte, no veo la antijuridicidad material de la decisión. No es la inaplicación de sus deberes, es cuidado extremo en la ejecución de los mismos. Veo, una situación, que antes de convertirse en un prevaricato, bien puede ser resuelta mediante el dialogo de las instituciones, por aquellos de la cooperación entre las mismas de las que habla la Constitución.

La visión de Peyín es que los jueces son ciegos aplicadores de la Ley. Los jueces no son ciegos aplicadores de las leyes. Es necesario un poco de creatividad y responsabilidad en la función de los jueces. Tal vez la Corte ha empezado a ver determinados principios en su mejor luz. En este momento, necesitamos mejores funcionarios, necesitamos un buen fiscal. Hoy deberíamos respaldar a la Corte en esa iniciativa, y no sugerir una investigación por pretender que se hagan las cosas bien. Igualmente, también es claro que la solución de este “choque” está en diálogos entre las instituciones, pero nunca en denuncias penales a los magistrados. ¿Pretender o exigir un buen funcionario es delito? ¿Todos los asuntos se deben someter al filo del derecho penal, o las algunas cuestiones se pueden arreglar con diálogo entre las instituciones que discrepan? “Averígüalo, Vargas”.
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