domingo, 27 de noviembre de 2011

Plazo Razonable en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Juan Carlos Ospina)


Esta es la primera de una serie de entradas de nuestro amigo Juan Carlos Ospina, sobre diversos temas: 

EL PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Juan Carlos Ospina Rendón
Juan-Ospina

“Justicia retardada, es justicia denegada.”[1]

PLAZO RAZONABLE:

El plazo razonable es un concepto extraído de la Convención Americana de Derechos Humanos, señalado en los artículos 7 “Derecho a la Libertad Personal[2], 8 “Garantías Judiciales[3] y 25 “Protección Judicial[4] siendo parte del componente de los derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia, definido no estrictamente como un lapso de tiempo establecido para la toma de decisiones judiciales, sino como una valoración racional sobre la agilidad, eficiencia y efectividad con que puede contar la decisión en la garantía de los derechos de los sujetos. [5]

En atención a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CORTEIDH, “(…) el plazo razonable debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse (…)[6]” pues “(…)una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales.[7]

Ahora bien, ha señalado la jurisprudencia internacional[8] que en la evaluación del plazo razonable debe tenerse en cuenta los siguientes elementos:

  1. Complejidad del asunto: Ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando ha de determinarse si el plazo en el cual se surtió la investigación, detención, juzgamiento y decisión fue razonable a la luz de la complejidad del caso que se esta evaluando, sin embargo “(…) es necesario deslindar entre la actividad ejercida con reflexión y cautela justificables, y la desempeñada con excesiva parsimonia, exasperante lentitud, exceso ritual.[9]”. En atención a lo anterior, ha de evaluarse en atención a la protección que emerge internacionalmente que el juzgamiento de una conducta así como la determinación plausible de soluciones a los debates planteados se resuelvan en un periodo prudencial que este adecuado a su complejidad.

  1. Actividad procesal del interesado: Es necesario e importante que el interesado de las resultas del proceso realice actuaciones tenientes a la búsqueda de resultados prontos. En este sentido se señala la necesidad de que las actividades del interesado hayan sido propicias para que el proceso haya sido ágil, pues resulta que en determinados casos ante la inactividad del peticionario se amplíen los términos de juzgamiento y resolución de procesos. En este sentido ha indicado la Comisión Interamericana en el caso de peticiones individuales que este elemento solo puede ser controvertido a través de la demostración por parte del Estado de las actividades realizadas o no por los peticionarios para impedir la decisión procesal.[10]

  1. Conducta de las autoridades judiciales: Al respecto se ha señalado preponderante que en la valoración del plazo razonable como elementos de protección en el derecho al debido proceso de los sujetos de la Convención Americana de Derechos Humanos se tenga en cuenta la conducta que ha realizado las autoridades encargadas de los procesos para evitar la inactividad y cumplir con sus deberes por encima de las cautelas justificables y las dificultades propias del caso, siempre que no se hayan producido dilaciones excesivas e injustificadas en las etapas del proceso.

Pese a lo anterior, las creaciones jurisprudenciales relativas a la explicación de los elementos y conceptos del plazo razonable fueron basadas por la CORTEIDH en las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos por la equivalencia del artículo 6 del convenio europeo con el artículo 8.1 de la Convención Americana, teniendo en cuenta entre otras las sentencias de “(Ver entre otros, Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, párr. 30)[11]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la existencia del concepto de plazo razonable, así como los elementos para la evaluación de su cumplimiento, buscan que “(…) la afectación de los derechos de la persona, por acción o abstención del Estado, no se prolongue injustificadamente hasta generar condiciones de injusticia, inequidad o inseguridad jurídica.” [12] y que dado que las condiciones propias de los procesos judiciales en todos los países que han firmado la convención americana de derechos son diferentes, pero deben fundarse en conceptos comunes en relación con la convencionalidad de las mismas, los Estados deben propender por actuar de manera diligente en los procesos[13] relacionados con las personas a su cargo y proteger la materia esencial del debido proceso en un estado democrático así como el acceso efectivo a la administración de justicia.

Igualmente en los votos razonados ha quedado claro relaciones divergentes respecto de los conceptos y elementos determinados por la CORTEIDH, que dan lugar a la revisión crítica que se efectuará en un documento posterior, sobre el concepto de plazo razonable en el sistema jurídico Colombiano, y en las cuales se ha indicado la necesidad de establecer un cuarto elemento para establecer la razonabilidad del plazo en el juzgamiento denominado “(…) afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes --es decir, la situación jurídica-- del individuo (…)”[14] indicando que el plazo razonable además debe ser determinado teniendo en cuenta que lo que se pretende repulsar es la afectación actual y concreta que puede estar sufriendo el sujeto, con lo que incluso se pueden señalar términos cortos y expeditos para la solución de controversias. Este elemento aparentemente resulta re-evaluado en el caso Colombiano ante la exigencia de un plazo razonable en la interposición de la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, sustentado en el principio de inmediatez, como veremos en documento posterior.


Juan Carlos Ospina Rendón es Abogado egresado de la Universidad de Caldas y candidato a Magíster en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Contacto: juan.droit@hotmail.com


[1] Voto concurrente razonado del Juez Sergio Garcia Ramirez a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso tibi vs. Ecuador, del 7 de septiembre de 2004. Párrafo 53.
[2]5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
[3] “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
[4] “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5] Señala el Dr. Sergio García Ramírez, supra nota 1, párrafo 28 que los artículos mencionados “(…) obedecen a un mismo proyecto defensor de los derechos del individuo: oportunidad de la tutela, que corre el riesgo de ser inútil, ineficaz, ilusoria, si no llega a tiempo, en la inteligencia de que “llegar a tiempo” significa operar con máxima eficacia en la protección y mínima afectación de los derechos del individuo, prontitud que no es atropellamiento, irreflexión, ligereza.”
[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 19 Comerciantes vs. Colombia. Sentencia de Fondo, Reparaciones y costas del 05 de julio de 2004. Párrafo 189.
[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Supra nota 5. Párrafo 191.
[8] Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, en: Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 6 de Abril de 2006. Párrafo 151; Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 1 de febrero de 2006. Párrafo 132; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 1 de julio de 2006. Párrafo 171.
[9] Voto concurrente razonado del Juez Sergio Garcia Ramirez et supra. Párrafo 33.
[10] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Guy Malary vs. Haití. Informe Nº 78/02 Fondo. Diciembre 22 de 2002. Párrafo 65.
[11] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 29 de enero de 1997. Párrafo 77.
[12] Voto concurrente razonado del Juez Sergio Garcia Ramirez, supra 1. Párrafo 38.
[13] “(…) particularmente en materia penal, el plazo razonable debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse.” Corte Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Supra nota 5. Párrafo 189.
[14] Voto concurrente razonado del Juez Sergio Garcia Ramirez, supra 1. Párrafo 29

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