ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN COLOMBIA



Revisando algunos libros sobre el movimiento de los Estudios Críticos del Derecho (CLS por sus siglas en inglés) para una publicación en la que estoy trabajando, me encontré con una nota a pié de página que me ha hecho reflexionar sobre cómo se enseña el Derecho en Colombia. Por la importancia que reviste, pese a su extensión, transcribo la cita en su totalidad:
“Uno de los principales problemas de la teoría del Derecho en países como el nuestro es precisamente esa escasa influencia que los iusfilósofos ejercen sobre los juristas. Me temo que, en general, los dogmáticos del Derecho conocen muy poco del trabajo de los filósofos del Derecho, por no hablar de jueces y abogados. Y a ello contribuye muchos, sin duda, la rigidez de la división de las facultades de Derecho en Áreas de Conocimiento (y del plan de estudios en ‘asignaturas’). Los americanos [sic] lo tienen más fácil, ya que esta rigidez no existe. Pero los obstáculos institucionales no deberían servirnos de excusa para dejar de intentar un cambio de actitud, orientando el discurso filosófico-jurídico en un sentido más próximo a los problemas que preocupan a los juristas.”[1]
Antes de expresar mi opinión sobre el texto, quisiera reconocer que mucho se ha avanzado en la enseñanza del derecho en Colombia. Hace pocos años (década de los noventa), cuando yo estudiaba Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Bogotá, eran comunes prácticas abiertamente antipedagógicas que hoy son escasas. Para entonces, muchos de mis profesores lo eran también de otras universidades (Javeriana, Externado, Andes, entre otras), así que quizás no sea muy irresponsable afirmar que eran problemas generales en la enseñanza del derecho en Colombia, al menos en Bogotá.
En todo caso, para entonces, era difícil encontrar a un profesor que entregara un programa al inicio del curso o, al menos, una bibliografía. Muchos de los docentes se limitaban a leer o a recitar alguno de los libros que habían escrito y todo el proceso de educación se limitaba a la tediosa y pasiva memorización de las sabias palabras de los maestros. Por lo demás, los currículos imponían una carga excesiva de clases—once o doce materias al tiempo—y dejaban poca, si no ninguna, posibilidad de elección a los estudiantes.
En los últimos años, creo, las exigencias de Colciencias, la internacionalización de la Academia colombiana, el gran número de docentes que ha hecho estudios de postgrado en otros países ha contribuido a mejorar, de cierta forma, las prácticas existentes.
También es importante reconocer que, a diferencia de lo que sucedía en España según Pérez Lledó, en Colombia se han dado importantes avances en la descompartimentalización de la enseñanza jurídica. Libros como La constitucionalización del derecho privado,[2] o grupos de trabajo como el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional,[3] por sólo citar dos ejemplos, son intentos serios de profesores que intentan mostrar las intersecciones entre diferentes áreas del derecho que en ocasiones han sido inexploradas.  En igual sentido, docentes con formación más cercanas a la filosofía del derecho, como el profesor Carlos Bernal Pulido, se han acercado a la investigación de materias que en general han sido dejadas en Colombia a la simple exposición dogmática.
Aún así, creo que la cita de Pérez Lledó todavía tiene validez en Colombia, porque los esfuerzos por romper las clásicas divisiones formales en el derecho son apenas incipientes y cuentan con muchos obstáculos. En primer lugar, al igual que como advierte el profesor español, en Colombia todavía existe una división rígida entre las áreas de conocimiento no solo en el plan de estudios, sino en la misma estructura administrativa de las Universidades. En mi opinión, a ello ha contribuido la equivocada estructura de la investigación jerarquizada en grupos, propuesta por COLCIENCIAS.  
En segundo lugar, aún hoy hay un gran abismo entre el conocimiento teórico de abogados y juristas y las investigaciones realizadas en la Academia.  La verdad es que, con algunas contadas excepciones, las publicaciones jurídicas especializadas se leen muy poco. Exagerando sobre el tema, alguna vez, un profesor amigo me dijo sobre una revista colombiana indexada como A2 en Colciencias, Andrés, cuando tenga un secreto, antes de confiarlo a un amigo, publíquelo en la revista X, así nadie se enterará.
En parte, el problema se presenta porque se publica mucho para satisfacer las necesidades exigidas por COLCIENCIAS, pero sin atender al contenido de lo que se publica. En una ocasión, me rechazaron un artículo porque tenía 39 y no 40 referencias bibliográficas. Por tomar el pelo, envié el mismo artículo añadiendo en una nota a pié de página, “todo se solucionaría si tuviéramos un poco más de amor, como dice John Lennon.” A paso seguido, incluí la cita de All you need is love. Para mi sorpresa, a los pocos días, recibí un correo electrónico del editor, diciéndome que ya quedaba listo el artículo para su publicación.  Al final, decidí retirar el artículo y enviarlo a otra revista, no sin antes excusarme con el editor.
Requisitos absurdos como ese abundan en nuestro incipiente mercado de revistas indexadas. El número de citas no hace que un artículo sea ni bueno, ni malo. Hay barrabasadas escritas con cientos de referencias bibliográficas y ensayos más que decentes con pocas. Precisamente, ahora estoy leyendo el artículo The Inevitability of Moral Evaluation publicado en Ratio Juris, un muy buen escrito de Peter Rijpkema que contiene solo 15 obras referenciadas. Si él hubiera entregado su artículo a la misma revista a la que yo envié el mío, le habrían rechazado su ensayo. Claro, habría podido subsanar su error citando todas las canciones de tres ediciones de los 14 cañonazos bailables, aunque la verdad yo prefiero a Lennon.
Finalmente, aunque mucho se ha avanzado en el tema de la descompartimentalización, como mencioné antes, creo que falta mucho en el diseño de los currículos y syllabus. Creo que es necesario no sólo crear investigaciones en las confluencias de las disciplinas jurídicos, sino crear asignaturas donde se presenten estas intersecciones. No basta con tener una cátedra, por ejemplo, de Ideas Políticas, sino una clase en la que se vean estas ideas reflejadas en el derecho civil. No sólo es necesario una clase en la que se enseñen las últimas tendencias iusfilosóficas, sino una en la que términos como positivismo, iusnaturalismo, neoconstitucionalismo, ponderación sean aprendidos de forma diferente a etiquetas, que la meta no sea crear en la mente de los estudiantes pequeños diccionarios en los que se encuentran definicioncitas de todos los movimientos jurídicos, o inexactitudes como que la regla de reconocimiento es una regla secundaria, para así, con la mala definición aprendida, sacar un buen puntaje en el ECAES.



[1] Juan A. Pérez Lledó: El Movimiento Critical Studies. (Madrid: Tecnos, 1996), p. 50
[2] Juan Jacobo Calderón Villegas: La constitucionalización del derecho privado en Colombia: la verdadera historia del impacto constitucional en Colombia. (Bogotá: Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, 2011).
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