Petzold-Pernía: Subsunción, Hermenéutica y Argumentación en Derecho

Hermann Petzold Pernía: hermannpetzold@gmail.com





SUBSUNCIÓN,  HERMENÉUTICA Y ARGUMENTACIÓN EN DERECHO

                                                               HERMANN PETZOLD PERNÍA
                                                                  Profesor Titular de Filosofía del Derecho y Derecho  
                                                                      Comparado (Pregrado) y Metodología del Derecho
                                                                      y Derecho Probatorio (Postgrado), e investigador
                                                                      cofundador del Instituto de Filosofía del Derecho de
                                                                      la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
                                                                      Universidad del Zulia. Ex Decano de dicha Facultad.

-ooo-
                                          La justicia es, pues, un justo medio, si por lo menos el juez
                                          lo es. El juez mantiene la balanza equilibrada entre las
                                          dos partes.
                                                           (ARISTÓTELES)
 
      Al analizar el problema de la subsunción, es decir, de cómo lograr dar una adecuada solución a un determinado caso concreto de conformidad con las normas del derecho positivo vigente o, más exactamente, de cómo a partir de una proposición jurídica general obtener una proposición jurídica individualizada, hay que comenzar por señalar que el razonamiento jurídico es esencialmente dialéctico (o retórico) y no demostrativo o analítico (o lógico-formal), de conformidad con la distinción aristotélica entre razonamientos demostrativos, cuyas premisas son verdaderas, primarias e inmediatas, como por ejemplo, el silogismo, y razonamientos dialécticos, en los cuales se razona a partir de premisas constituidas por “opiniones generalmente admitidas”[1], verbigracia, el entimema, dado que, en el derecho, “el proceso de resolver problemas es algo más que la aplicación de la lógica”[2], puesto que, como ha escrito M. VILLEY,
          “si es verdad que en apariencia el juez de hoy pone su sentencia en una forma silogística,    
         de hecho, su trabajo (como el de los abogados y de los juristas que colaboran con su
         obra), consiste, en su mayor parte, en la búsqueda de las premisas de ese  aparente
          silogismo, en la elección de los textos que servirán para fundar la decisión, y en la   
          búsqueda del sentido a dar a los textos, lo que se llama  interpretación.  Nuestro   
                verdadero, nuestro sustancial trabajo (y que no es en absoluto abandonado al   
                 empirismo, a la intuición) reside más bien
              en la invención que en la demostración en forma. Allí juega siempre la dialéctica”[3].    
              Así, pues, “el derecho -dice el citado autor, - sigue siendo un arte dirigido hacia
              lo concreto. Su objetivo es llegar a soluciones judiciales (al mejor reparto de los
              bienes y de las cargas) en la medida de lo posible adaptadas a las singularidades
              de cada caso. Todo procedimiento judicial está organizado con el designio
             de conducir al juez a una visión  concreta de cada causa”[4]. Luego, según
             Ch. PERELMAN, el
              “fallo puesto en forma no se presenta como un conjunto de premisas de las
               cuales se deduce una conclusión, sino como una decisión justificada
               por considerandos. Es, en una deducción formal, que la conclusión deriva
               de manera obligatoria e impersonal de las premisas. Pero, cuando el juez
               toma una decisión, su responsabilidad y su integridad están en juego: las
               razones que da para justificar su decisión y para rechazar las objeciones
               reales o eventuales que se le podrían oponer, suministran una muestra
              de razonamiento práctico, mostrando que su decisión es justa y conforme
              al derecho, es decir, que la misma toma en cuenta todas las directivas que
              le ha dado el sistema de derecho que él está encargado de aplicar –sistema
             del cual ha recibido su autoridad y su competencia -, sin faltar a las obligaciones
             que le impone su conciencia de hombre honesto”[5].  Por ello, de acuerdo con el
             mismo PERELMAN, “la lógica judicial está enteramente centrada no sobre la
             idea de verdad, sino sobre la de adhesión. Lo que el abogado busca ganar,
             con sus alegatos o informes, es la adhesión del juez. Para alcanzar sus
             fines, el abogado no irá de verdades de partida  (los axiomas) hacia
             verdades demostradas (los teoremas), sino de acuerdos previos  hacia la
              adhesión a obtener”[6], y como el juez, a su vez, debe “hacer aceptables las
              decisiones de la justicia, el recurso a las técnicas argumentativas
              se vuelve indispensable”[7].
     Por consiguiente, la presencia de las técnicas argumentativas y la utilización de los tópicos jurídicos o lugares específicos del derecho8, y el manejo de estos como razones o instrumentos intelectuales, es lo que permite, por una parte, justificar las decisiones judiciales, y hacer patente la naturaleza tópica o retórica del proceso de interpretación y aplicación de las normas del derecho positivo a los casos concretos (subsunción)9, y, por la otra, que podamos hablar de interpretaciones “razonables” o “irrazonables” de una determinada norma jurídica general cualquiera, y no de una única interpretación “verdadera” o “exacta” o “racional” de ésta. Luego, es por  ello, que se puede afirmar de cualquier sentencia que es “justa” o “injusta”, “conveniente” o “inconveniente”, dado que estamos en el ámbito de la argumentación, o sea, de los razonamientos dialécticos o retóricos y no de los razonamientos demostrativos o analíticos, o, para utilizar la terminología de Luis RECASENS SICHES, nos encontramos en el campo de la “lógica” o “logos de lo razonable o de lo humano10.
       Entonces, al tratar de la subsunción, quiero insistir en lo siguiente: Primero (y sin que sea necesario que nos ubiquemos en un proceso judicial específico aunque para la explicación podemos tomar un proceso penal), que de lo que se trata es de enjuiciar o valorar el o los actos o las acciones de una determinada persona (y las circunstancias que la rodean) que, por ejemplo, dio muerte a otra. Así, se inicia un proceso, en cuya fase probatoria se va a precisar que “X” persona, efectivamente causó la muerte a una persona “Z” en determinadas circunstancias.
       Vamos a suponer que “X” es acusada y procesada por presuntamente haberle dado muerte, en su casa, a “Z” ya que, según “X”,  “Z” irrumpió intempestivamente en horas de la  noche. Se inicia el proceso y en la etapa o fase probatoria, mediante las diversas pruebas que a tal efecto se promueven y evacuan y el juez valora, se establece cómo supuestamente acaecieron los hechos en la realidad, pues, lo que se va a subsumir más adelante no son unos determinados hechos sino la conceptualización de esos hechos, es decir, en el expediente lo que queda es la descripción o representación conceptual, lograda gracias al proceso probatorio, de lo que supuestamente ocurrió, como, por ejemplo, que “Z”, la persona a la cual “X” dio muerte, era un ladrón, o bien se determina que, por el contrario, era una persona conocida de “X” que estaba de visita en la casa de éste y a la que asesinó, por motivos pasionales y después dijo que no la conocía y había entrado subrepticiamente en su casa, en horas de la noche.
       Así, pues, si judicialmente son comprobados y conceptualizados determinados hechos, jurídicamente relevantes, y se acepta que, presuntamente, los hechos ocurrieron tal como “X” expuso (pero podría ser lo contrario, como ya se dijo), es con esa información reunida en la fase probatoria del proceso, que el juez va a elaborar la premisa menor del llamado silogismo judicial, en la que simplemente lo que hace es describir, tal como consta en las actas procesales, cómo presuntamente se dieron los acontecimientos. O sea, que no son los hechos en sí, sino la descripción o representación conceptual de estos, expresada mediante una o varias proposiciones  declarativas, lo que constituye la premisa menor, la cual podrá, por ejemplo, decir: “X ante la irrupción intempestiva de “Z” en su casa, en horas nocturnas, se sintió amenazado o fue agredido por éste, y al defenderse le causó la muerte al intruso Z ”.       
      Seguidamente, el juez va a construir la premisa mayor del silogismo judicial, valga decir, a seleccionar la(s) norma(s) jurídico-penal(es) que, previa interpretación, va a aplicar para resolver ese caso de especie. Así, en el ejemplo antes expuesto, el juez no debería buscar una disposición del Código Penal venezolano que sancione la muerte intencional de una persona (Art. 405), sino que debería acudir más bien a otra norma, como el Art. 423 eiusdem, que dispone:
                 “No será punible el individuo que hubiere cometido alguno de los hechos     
                   previstos en los dos Capítulos anteriores (que se refieren al homicidio y a
                  las lesiones personales), encontrándose en las circunstancias siguientes:
                 “De defender sus propios bienes contra los autores del escalamiento, de la
                   fractura o incendio de su casa, de otros edificios habitados o de su       
                dependencias, siempre que el delito tenga lugar de noche o en sitio aislado,
                de tal suerte que los habitantes de la casa, edificios o dependencias, puedan
                creerse, con fundado temor, amenazados en su seguridad personal.
               “Cuando al repeler a los autores del escalamiento, de la fractura o del
                incendio de la casa, edificios o dependencias, no concurrieren las
               condiciones anteriormente previstas, la pena del delito cometido sólo
               se disminuirá de un tercio a la mitad, y el presidio se convertirá en prisión”.
      Empero, es necesario precisar que el juez, en el proceso de subsunción, que culmina con la construcción del denominado silogismo judicial, al elaborar la premisa mayor de éste, no lo hace con la(s) norma(s) legal(es) en sí y utilizando directamente a ésta(s) como premisa mayor, sino que la(s) emplea para construir una proposición jurídica general que, redactada en forma condicional (modus ponens), en el ejemplo que he dado, podría decir: “Si alguien da muerte, en forma intencional, a una persona, según el Art. 405  Código Penal, la pena debe ser ...”;  o bien: “Si una persona en determinadas circunstancias (que se describen en el arriba citado Art. 423 del Código Penal) causa la muerte o lesiones personales a alguien (ladrón, incendiario, etc.), de conformidad con el Art. 423  del Código Penal no será punible”.
      Así,  pues, la proposición jurídica general que constituye la premisa mayor se fundamenta en una o varias norma(s) jurídica(s) general(es), pero ésta(s) no es (son), como erróneamente se acostumbra afirmar, dicha premisa. Es decir, que hay una proposición jurídica general, que se refiere al contenido de una(s) determinada(s) norma(s) jurídica(s) general(s), que integra la premisa mayor, y con base en esa premisa mayor y en la premisa menor (constituida por una o varias proposiciones declarativas), se llega a una conclusión que viene a ser una proposición jurídica individualizada que expresa la decisión del caso concreto. Sin embargo,  para lograr esto, no se  sigue un razonamiento puramente lógico-formal o demostrativo, sino que, por el contrario, se trata de un proceso harto complejo en donde los valores, que el sistema jurídico protege y promueve y a los cuales juez debe adherir, juegan un papel fundamental, lo cual puede verificarse, en primer término, al analizar la fase probatoria del proceso judicial, ya que, en dicha fase, de acuerdo con el correspondiente derecho positivo, el juez examina y valora las pruebas aportadas por las partes litigantes y, eventualmente, según la naturaleza del proceso, llevadas por él mismo al expediente,  tales como los documentos, los testimonios, las experticias, los indicios, las inspecciones judiciales, la posible confesión del acusado, etc. Pero, además, hay una serie de factores que ni siquiera van a figurar en el expediente y que van a influir incluso en la determinación o representación conceptual de los hechos, necesaria para elaborar la o las proposiciones declarativas que constituye(n) la premisa menor del silogismo judicial, que dirá que los hechos sucedieron en una forma dada, pero que nunca sabremos si realmente ocurrieron así, dado que solamente nos basamos en lo que se deduce de las pruebas evaluadas por el juez, que al hacer esto, quiera o no, se va comprometiendo con el caso que debe resolver. Y así, van a entrar en juego su concepción del mundo y de la vida, y, por ende, sus creencias religiosas, su ideología, sus prejuicios (como la eventual simpatía que pueda sentir por una de las partes litigantes; por ejemplo, un juez blanco, con prejuicios raciales,  podría sentir más simpatía por el acusado y lo va a absolver o a sancionar menos severamente si la persona a la que “X” dio muerte, era negra, y el acusado también es blanco), etc.
      En segundo lugar, los valores del juez tienen un rol preponderante en la selección de la(s) norma(s)  jurídica(s) general(s) con fundamento en la(s) cual(es) va a redactar la proposición jurídica general que constituye la premisa mayor del silogismo judicial, puesto que, cuando el operador jurídico ha precisado los hechos y tiene una representación conceptual de estos, va a buscar una o varias norma(s) jurídica(s) general(es) que, a su juicio, le sirva(n) para solucionar satisfactoriamente ese caso de especie, es decir, que le permita(n) dar una respuesta jurídica a éste, dado que esa(s) norma(s) no se le impone(n) en forma evidente, sino que la(s) va a elegir, de acuerdo con sus valores e intereses, y, dependiendo de la naturaleza del caso y del ámbito de su competencia (penal, civil, mercantil, laboral, contencioso-administrativa, etc.), su discrecionalidad como juez será más o menos amplia en la selección de la(s) misma(s).
     Ahora bien, establecidos los hechos y elegida(s) la(s) norma(s) jurídica(s) general(s), en la(s) que supuestamente se encuentra la solución al caso de especie, el juez procederá a elaborar la sentencia, la cual, en los sistemas jurídicos de la familia de derechos romano-germánica, a la que pertenecen los ordenamientos jurídicos de los países de Europa continental y de América Latina (y varios de Asia y África), requiere ser motivada. La motivación es parte esencial de todo fallo judicial 11, y es aquí donde entra a jugar su papel fundamental la Teoría de la Argumentación, la cual  funciona en aquellos campos donde no se manejan verdades racionales sino que se discuten puntos de vista, donde se enfrentan dos o más posiciones, y en donde cada uno de los que argumenta pretende convencer a un determinado auditorio de que su posición es la más razonable, justa o conveniente; es decir, expone los argumentos que, en su opinión, le servirán para hacer prevalecer sus puntos de vista sobre los eventuales puntos de vista concurrentes. Y esto es lo que ocurre cada vez que un juez zanja una controversia. El juez, cuando motiva su sentencia, lo que persigue, en primer lugar, es convencer a las partes que litigaron en el proceso,  y, en segundo término, si es un juez de instancia, va a tratar también de convencer al tribunal superior o de casación que, eventualmente, tendrá que revisar su decisión, y, en última instancia, buscará convencer a la opinión pública especializada, es decir, a los abogados que actúan en el foro, o sea, a la barra de abogados que trabajan en una sociedad dada. ¿De qué va a querer convencerlos? Los va querer  convencer de que su sentencia no solo es conforme al derecho positivo, que está obligado a aplicar, sino también de que esa sentencia es razonable, es conveniente, que es adecuada al caso concreto, y, en  especial, que es justa, o sea, que está de acuerdo con lo que en esa sociedad se considera justo, es decir, que su decisión no choca con las valoraciones colectivas y contribuye a realizar el ideal de justicia socialmente vigente. El juez debe (o debería) convencer a las partes litigantes, de tal forma, que éstas tengan la vivencia de que, como declaraba ARISTOTELES, “el juez es, por así decirlo, la justicia encarnada”12.  Y, por supuesto, como ya se dijo, también tiene que convencer a los tribunales superiores que, eventualmente, tengan que revisar su sentencia para que ésta no sea revocada y sea aceptada como una decisión conforme al ordenamiento jurídico vigente.
      Empero, es indispensable precisar que si bien, en el proceso hermenéutico, se puede llegar a determinar varias posibles interpretaciones de una norma jurídica (general o individualizada) 13 de
las cuales un juez, por ejemplo, de primera instancia, puede elegir una y, posteriormente, un tribunal superior, al revisar su sentencia, estime que esa no es la interpretación más razonable, y elija otra de las posibilidades hermenéuticas ofrecidas por la norma jurídica interpretada, siempre debe tenerse en cuenta que, a pesar de que existe esa multiplicidad de posibilidades interpretativas de cada norma jurídica, hay límites (ontológicos y axiológicos) que deberían impedir que al interpretarla se desnaturalice totalmente su sentido y alcance, y la interpretación judicial deje de ser razonable, pues, como certeramente ha expresado HECK: “El límite de las hipótesis de interpretación es el texto posible 14. En consecuencia, aunque la interpretación puede explicitar todas las posibilidades insitas en un determinado texto jurídico-positivo y permite descubrir eventuales interpretaciones ni siquiera vislumbradas por su autor, dicho(s) límite(s) no debe(n) ser transgredido(s), so pena que el resultado o producto del proceso de subsunción  -el fallo judicial-  sea vivido por los súbditos jurídicos como irrazonable, injusto, inconveniente, inadecuado, etc. y, por tanto,  contrario al sentimiento colectivo de justicia vigente.

                                                              RESUMEN
     Al analizar el problema de la subsunción, es decir, de cómo lograr dar una adecuada solución a un determinado caso concreto de conformidad con las normas del derecho positivo vigente o, más exactamente, de cómo a partir de una proposición jurídica general obtener una proposición jurídica individualizada, hay que comenzar por señalar que, judicialmente comprobados y conceptualizados determinados hechos, jurídicamente relevantes, en la fase probatoria del proceso, el juez va a elaborar la premisa menor del llamado silogismo judicial, en la que simplemente lo que hace es describir, tal como consta en las actas procesales, cómo presuntamente ocurrieron esos hechos. Es decir, que no son los hechos en sí, sino la descripción o representación conceptual de estos, expresada mediante una o varias proposiciones  declarativas, lo que constituye la premisa menor. Seguidamente, el juez va a redactar la premisa mayor del silogismo judicial, y a este respecto es necesario precisar que el juez, en el proceso de subsunción, que culmina con la construcción del denominado silogismo judicial, al elaborar la premisa mayor de éste, no lo hace con una o varias norma(s) jurídica(s) general(es) en sí y utilizando directamente a ésta(s) como premisa mayor, sino que la(s) emplea para construir una proposición jurídica general redactada en forma condicional (modus ponens). Es decir, que hay una proposición jurídica general que se refiere al contenido de una(s) determinada(s) norma(s) jurídica(s) general(es), que constituye la premisa mayor, y con base en esa premisa mayor y en la premisa menor (integrada por una o varias proposiciones declarativas), se llega a una conclusión que viene a ser una proposición jurídica individualizada que expresa la decisión del caso concreto. Sin embargo, para lograr esto, no se  sigue un razonamiento puramente demostrativo o lógico-formal sino, por el contrario, dialéctico o retórico, ya que se trata de un proceso en cual los valores, que el sistema jurídico protege y promueve y a los cuales juez debe adherir, juegan un papel fundamental.
Palabras claves: Subsunción, silogismo judicial, premisa mayor, premisa menor, proposición jurídica general, proposición jurídica individualizada.


Ponencia presentada en el  III CONGRESO INTERNACIONAL Y VI NACIONAL DE FILOSOFÍA DEL DERECHO, ÉTICA Y POLÍTICA  (Bogotá, 24,25 y 26 de agosto de 2011).

[1] Cf. ARISTOTELES; “Tópicos” , lib. I cap. 1, 100 a; “Analítica Primera”, lib.I, caps.1-4, y “Analítica Posterior”, lib. I. cap. 2, 71b, en Obras. Trad. del griego por Francisco de P. Samarach. 2ª ed. Madrid, Aguilar, 1973; pp..418, 275-279 y 354-355.
[2] MORRIS, Clarence;Como razonan los abogados.Trad. el inglés por María Antonia Baralt. 1a. ed. México, Limusa-Willey, 1966; p.54.
[3] VILLEY, Michel; “Liminaire: Données historiques,” en Archives de Philosophie du Droit, Paris, Sirey, 1966;
 t. 11, p.XIII.
[4] VILLEY, M.; “De I’indicatif dans le droit” en Archives..., 1974; t. 19, p.57.
[5] PERELMAN, Chaïm; “ Le raisonnement juridique” en Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie, ARSP -Die Juristische Argumentation -, Vorträge des Weltkongresses für Rechts- und Sozialphilosophie (Brüssel, 29.VIII.-3.IX,1971)-, Wiesbaden, F. Steiner,Beiheft Neue Folge Nr.7 (1972), p.6. Hay traducción castellana: El razonamiento jurídico, trad. del francés por H.Petzold–Pernía, Cuaderno de trabajo No.5, Maracaibo, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho LUZ-Facultad de Derecho, 1973;pp.18-19.
[6] PERELMAN, Ch.; Logique Juridique. Nouvelle rhétorique, Paris, Dalloz, 1976;p.153. Hay traducción castellana: La Lógica jurídica y la nueva retórica, trad. del francés por Luis Diez - Picazo, 1ª.ed., Madrid, Civitas,1979.; p.174.
[7] Ibidem;p.137.
8 De acuerdo con  Ch. PERELMAN, los “tópicos jurídicos se refieren a los lugares específicos de ARISTÓTELES, que conciernen a las materias particulares, opuestos a los  lugares  comunes,  que  se  utilizan  en  el  discurso persuasivo en general, y  de los cuales ARISTÓTELES trató en sus Tópicos...
         “La  importancia  de los lugares específicos del derecho, es decir, de los tópicos jurídicos, es  la  de  suministrar razones  que permitan  descartar  soluciones  no equitativas  o  irrazonables, en la medida en que éstas descuidan consideraciones que esos lugares  permiten  sintetizar  y  que  se integran en una visión global del derecho como  ars  aequi  et  boni  (Logique  Juridique... ; p. 87). Cf.  VIEHWEG, Theodor; Tópica  y  Jurisprudencia.  Trad.  del  alemán  por  Luis  Díez-Picazo Ponce de León. Madrid, Taurus, 1964.

9 Cf. ENGISCH, Karl; Introducción al Pensamiento Jurídico. Trad. del alemán por Ernesto Garzón Valdés. Madrid, Guadarrama, 1967; pp. 61-85; LARENZ, Karl; Metodología de la Ciencia del Derecho. Trad. del alemán  Enrique Gimbernat Ordeig. Barcelona, Ariel, 1966;  PETZOLD PERNÍA, Hermann; El problema de la subsunción y la argumentación jurídica, en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Politicas.  Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1997; N°  104,pp. 103-115; El problema de la subsunción: Aspectos lógicos y axiológicos, en  Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas …; N° 105, pp. 117-149, y Breves consideraciones sobre la naturaleza del proceso hermenéutico-jurídico, en  Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas…,1998; N°106, pp. 69-82.

10 Cf. RECASENS SICHES, Luis; Tratado General de Filosofía de Derecho. 1ª ed. México, Porrúa, 1959; pp. 645-665.  


11 El Art. 243 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela  dice: “Toda sentencia debe contener:
“(…).
“4º Los motivos de hecho y de derecho de la decisión”.
Y en el mismo sentido, el  Art. 365 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano ordena: “Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá:
“(…).
“La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho”.
También el Art. 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela dispone que la sentencia debe comprender  “una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho”,  y el Art.159 eiusdem establece que: “El fallo... contendrá….los motivos de hecho y de derecho de la decisión”. 
12 Cf. ARISTOTELES; “Ética Nicomaquea, lib. V, cap. 4, 1132a/1132b, en Obras…; p.1229.

13 Ahora bien, ello se debe a que la polisemia generalmente caracteriza a los términos, palabras o expresiones empleados en las normas jurídicas, en tal grado, que se puede sostener que es inherente a la esencia misma del derecho positivo, y es así que ya ARISTÓTELES había dicho hace mucho tiempo, que “si la ley es ambivalente, nos servimos de ella de manera que se pueda volver e interpretar en uno de los sentidos y se adapte tanto a lo que es justo como a lo que es conveniente... Si la ley escrita es favorable al caso que tenemos entre manos, hay que decir entonces que aquello que hemos dicho de ‘con la mejor conciencia’ no vale sólo para hacer justicia al margen de la ley, sino también para que no se cometa perjurio, si se desconoce qué es lo que dice la ley...  Y también  hay que decir que en nada se diferencian el no haber ley y el no servirse de ella” (“Retórica”, lib. I, cap. 15, 1375a/1376a, en Obras…; p. 147). Se puede, entonces, afirmar que, para poder comprender e interpretar el sentido de las normas jurídicas generales como el significado de las normas elaboradas con base en las mismas (normas jurídicas individualizadas: sentencias, decisiones administrativas, contratos, etc.), hay que analizarlas no solo en el contexto del ordenamiento jurídico-positivo en el cual están ubicadas, sino, también, tener en cuenta el ámbito histórico-social. Luego, es el conjunto de las relaciones semánticas (entre las expresiones o términos normativos y lo que ellos expresan o significan), sintácticas (entre las expresiones o términos normativos entre sí) y pragmáticas (entre las expresiones o términos normativos y sus emisores -vale decir, el legislador lato sensu-, y/o los destinatarios, o sea, los intérpretes y/o súbditos jurídicos), lo que va a determinar la interpretación a dar a la norma jurídico-positiva general que se pretende sirva de fundamento a la norma jurídica individualizada con la que se ha de resolver un caso concreto dado.
14  HECK, cit. por ENGISCH, Karl; Introducción al Pensamiento Jurídico. Trad. del alemán por Ernesto Garzón Valdés. Madrid, Guadarrama, 1967; p. 185.  



Publicar un comentario en la entrada