Petzold-Pernía: Democracia, Participación y Derechos Humanos

Por Hermann Petzold-Pernia, hermannpetzold@gmail.com



           DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y  DERECHOS HUMANOS

                                                                                        HERMANN PETZOLD-PERNÍA
                                                                                              Profesor Titular (emérito) y ex
                                                                                                                 Decano de la Facultad de Ciencias
                                                                                                                 Jurídicas y Políticas de la Universidad
                                                                                              de la Zulia.



      1.- Hoy quiero comenzar esta exposición citando a Benjamín Constant (1767-1830) -quizá el más destacado filósofo político y iusconstitucionalista  de la época inmediatamente posterior a la  Revolución francesa (en sus etapas napoleónica y de la restauración monárquica), y el cual ejerció una gran influencia en el pensamiento de Simón Bolívar-,  porque su obra es sumamente original, conserva una fresca modernidad y, como veremos, sus ideas buscan dar respuestas razonables a problemas políticos fundamentales, tales como los referentes a las relaciones entre el ser humano y el poder y, por ende, de los límites que deben establecerse al poder estatal frente a los derechos fundamentales de la persona humana, que como podremos verificar posteriormente coinciden con la doctrina social de la Iglesia Católica (DSIC), expresada en numerosos documentos eclesiales y, en particular, en el Compendio de la doctrina social de la Iglesia. Problemas que, en forma dramática, confrontamos los habitantes de la Venezuela actual, por lo que nos interesa conocer las más adecuadas soluciones para resolverlos, de conformidad con los principios jurídicos que universalmente exigen el  respecto a la dignidad humana.

      2.- Así, pues, para Constant, la “felicidad de las sociedades y la seguridad de los individuos reposan sobre ciertos principios positivos e inmutables. Esos principios son verdaderos en todos los climas, bajo todas las latitudes. Ellos no pueden nunca variar, cualesquiera que sean la extensión del país, sus costumbres, sus creencias, sus usos. Es incontestable en una aldea de ciento veinte cabañas, como en una nación de treinta millones de hombres, que nadie debe ser detenido arbitrariamente, castigado sin haber sido juzgado, juzgado sólo en virtud de leyes anteriores y siguiendo las formas prescritas, impedido, en fin, de ejercer sus facultades físicas, morales, intelectuales e industriales, de una manera inocente y pacífica. Esos derechos fundamentales del individuo no deben poder ser violados ni aun por todas las autoridades reunidas…” (Constant: 265-266).
      Es decir, que indiscutiblemente, existe un conjunto de principios generales, que integran una especie de derecho natural mínimo, que han sido y deben seguir siendo reconocidos, tanto en los

ordenamientos jurídico-positivos nacionales como en los tratados o convenios internacionales, y respetados por los gobernantes  de todos los Estados del orbe, ya que, como pertinentemente afirma el mismo autor: “Ninguna autoridad sobre la tierra es ilimitada, ni la del pueblo, ni la de los hombres que se dicen sus representantes, ni la de los reyes, con cualquier título que ellos reinen, ni la de la ley, que no siendo más que la expresión de la voluntad del pueblo o del príncipe, de acuerdo con la forma del gobierno, debe ser circunscrita por los mismos límites que la autoridad de la cual emana.
      “Los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política, y toda autoridad que viole esos derechos se hace ilegítima. Los derechos de los ciudadanos son la libertad individual, la libertad religiosa, la libertad de opinión, en la cual esta comprendida su publicidad, el disfrute de la propiedad, la garantía contra toda arbitrariedad. Ninguna autoridad puede atentar contra esos derechos, sin romper su propio título” (Constant: 275).
      Y eso debe ser así, porque la “soberanía del pueblo no es ilimitada; ella está circunscrita por los límites que le trazan la justicia y los derechos de los individuos. La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto. Los representantes de una nación no tienen el derecho de hacer lo que la nación no tiene el derecho de hacer ella misma… Dios, si interviene en las cosas humanas, no sanciona más que la justicia… El asentimiento del pueblo no podría legitimar lo que es ilegítimo, puesto que un pueblo no puede delegar en nadie una autoridad que no tiene” (Constant: 276-277).

      3.- Certeras palabras que nos recuerdan las numerosas violaciones de los derechos humanos fundamentales que se cometen a diario, en diversos países del mundo, incluido el nuestro, en nombre de la soberanía nacional, como si la pretendida autorización del pueblo –la que por lo demás no existe, siendo también los integrantes de ese pueblo las víctimas de esas violaciones- hiciese que el asesinato, las desapariciones, la tortura, la detención prolongada, con o sin proceso, la ausencia de libertad para transitar por cualquier lugar del país, para manifestar pacíficamente, expresar las opiniones propias o adherir a cualesquiera creencias religiosas e ideologías, para organizar partidos políticos, sindicatos u otras asociaciones, disfrutar de la propiedad de los bienes legalmente adquiridos, etc., no constituyesen evidentes infracciones a las libertades públicas básicas que son reconocidas como esenciales derechos humanos en las constituciones de cada uno de los Estados del mundo. La verdad es que, por ejemplo, a cualquier persona detenida arbitrariamente y torturada por los secuaces al servicio de los detentadores del

poder público, no le interesa que sus sufrimientos le sean causados en nombre o por inspiración de la teoría marxista-leninista, la doctrina neofascista de la seguridad nacional o los principios de la democracia liberal-representativa, que proclaman y dicen defender aquéllos, sino que lo  importante es que su libertad e integridad personal sean respetadas.

         4.- Y, por ello, en este contexto, me parece conveniente citar la siguiente declaración del Papa Juan Pablo II: “No hay verdadera libertad -fundamento de la paz-, cuando todos los poderes están concentrados en manos de una sola clase social, de una sola raza, de un solo grupo; o cuando el bien común es confundido con los intereses de un solo partido que se identifica con el Estado… Tampoco existe ya verdadera libertad, cuando la seguridad interna es erigida en norma única y suprema de las relaciones entre la autoridad y los ciudadanos, como si ella fuera el único y principal medio de mantener la paz. No puede ignorarse, en este contexto, el problema de la represión sistemática o selectiva –acompañada de asesinatos y torturas, de desapariciones y exilios- de la cual son víctimas tantas personas…” (Mensaje de su Santidad Juan Pablo II para la celebración de la “Jornada de la Paz”- I enero 1981, Nº 2, en el diario El Universal, Caracas, 31 de diciembre de 1980; p.1-8).
        En el mismo sentido, en el Catecismo de la Iglesia Católica (n.1738) se declara que: “El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana“ (cit. en Compendio de la doctrina social de la Iglesia: n.199), y en este Compendio se agrega: “El valor de la libertad, como expresión de la singularidad de cada persona humana, es respetado cuando a cada miembro de la sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal; es decir, puede buscar la verdad y profesar las propias ideas religiosas, culturales y políticas; expresar sus propias opiniones; decidir su propio estado de vida y, dentro de lo posible, el propio trabajo; asumir iniciativas de carácter económico, social,  y político. Todo ello debe realizarse en el marco de un ‘sólido contexto jurídico’, dentro de los límites del bien común y del orden público y, en todos los casos, bajo el signo de la responsabilidad” (Ibidem: n.200), dado que: “La persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Dotado de racionalidad, el hombre es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida, en el plano individual y social” (Ibidem: n.384). Pero esto implica, que no solo “el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que él es responsable de todos los hombres” (Sartre, J.-P.: 24), y, por tanto, “nuestra responsabilidad es mucho más grande de lo que podríamos suponer, pues ella compromete la humanidad entera... Así, soy responsable por mi mismo y por todos, y creo una cierta imagen del hombre que elijo; al

elegirme, elijo al hombre” (Sartre: 26-27). O como ha dicho el filósofo Emmanuel Mounier: “El hombre libre es el hombre a quien el mundo interroga y que responde: es el hombre responsable” (Mounier, E.: 40).
       En consecuencia, el hombre es el guardián de su hermano y no cabe la excusa de Caín (cf. Gén 4,9), dado que es su prójimo (cf. Lc 10, 29-37) y, en la medida que la libertad humana existe, debe ser la libertad de todos y cada uno de los seres humanos, y no de un grupo más o menos numeroso de éstos, porque la libertad es la característica esencial que los distingue de los demás animales, dado que el hombre es lo que él hace y lo que él se ha hecho. El hombre emplea, pues, su existencia como un barro con el cual moldea su vida. Es como el alfarero de su pasado como de su porvenir. Y el desarrollo de su ser, es la realización de su libertad, y al hacerlo plenamente el individuo se personifica, adquiere verdaderamente la condición de persona (cf. Petzold Pernía, H.: 81-82).
               
        5.- Por otra parte, resulta pertinente señalar que, según la DSIC, el “pueblo no es una multitud amorfa, una masa inerte para manipular e instrumentalizar, sino un conjunto de personas, cada una de las cuales -‘en su propio puesto y según su manera propia’- tiene la posibilidad de formar su opinión acerca de la cosa pública y la libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente al bien común” (Compendio de la de la doctrina social de la Iglesia: n.385), razón por la cual,  la “participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución,  por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben  ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa”. (Ibidem: n.190). Y a este respecto, vale pena indicar que la “información se encuentra entre los principales instrumentos de participación democrática. Es impensable la participación sin el conocimiento de los problemas de la comunidad política, de los datos de hecho y de las varias propuestas de solución. Es necesario asegurar un pluralismo real en este delicado ámbito de la vida social, garantizando una multiplicidad de formas e instrumentos en el campo de la información y de la comunicación, y facilitando condiciones de igualdad en la posesión y uso de



estos instrumentos mediante leyes apropiadas” (Ibidem: n.414).

       6.- Ahora bien, como acertadamente se expresa en la encíclica Centisimus annus (n.46): “Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la “subjetividad” de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y corresponsabilidad. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad” (cit. en  Ibidem: n.406), y, a tal efecto, en  el Compendio, se “reconoce la validez del principio de la división de poderes en un Estado:
    “Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite, Es éste el principio del Estado de derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres” (Ibidem: n.408).
     Empero, eso supone, por una parte, que tengamos presente con Santo Tomás de Aquino, que la “ley humana tiene razón de ley sólo en cuanto se ajusta a la recta razón… Pero en cuanto se aparta de la recta razón, es una ley inicua; y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia” (Q.93, art. 3, del Tratado de la Ley en General en  Suma Teológica: VI, 95), y, por la otra, que si, como lamentable y frecuentemente ocurre en varios países latinoamericanos (incluida Venezuela), las normas de las respectivas constituciones, que regulan el funcionamiento de los distintos órganos de los poderes públicos, son infringidas, desconocidas o tergiversadas, el Estado de derecho (que “consiste en la autovinculación del Estado al Derecho…supone, en el sentido más general, la exclusión de toda arbitrariedad en el ejercicio del poder estatal y su fundamentación en la ley como expresión de la voluntad común de la Sociedad; y supone también limitación del poder estatal…”(Henkel, H.: 186) ) desaparece y con él la legitimidad de los gobernantes, ya que, como sostiene Constant, una “autoridad no es legítima más que en sus límites” (Constant: 436).
      Luego, a la luz de todo lo anteriormente expuesto, Venezuela esta lejos de poder ser considerado un país donde rige un Estado social de Derecho, por lo que, en consecuencia, todos los ciudadanos debemos asumir nuestras responsabilidades en pro de la consecución de un sistema político-constitucional y socio-económico que, con integral respeto de los derechos humanos fundamentales, permita, amplia y realmente (y no sólo formalmente), la movilidad social horizontal y vertical, la toma de responsabilidades sectoriales por todos y cada uno de   los

 miembros de la sociedad civil y el pleno desarrollo de las virtualidades de cada persona.

     ¡Muchas gracias¡     




REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Caracas, Conferencia Episcopal Venezolana, 2006.

CONSTANT, Benjamín; De la liberté chez les modernes. Ecrits politiques. Textes choisis, présentés et annotés par Marcel Gauchet. Paris, Collection Pluriel-Livre de Poche, 1980.

HENKEL, Heinrich ; Introducción a la Filosofía del Derecho. Trad. del alemán por Enrique Gimbernat Ordeig. Madrid, Taurus, 1968.  

MOUNIER, Emmanuel; El Personalismo. Trad. del francés por Aída Aisenson y Beatriz Dorriots. 2ª ed. Buenos Aires, Eudeba, 1965.

PETZOLD PERNÍA, Hermann; Derecho, Poder y Libertad. Colección de Cursos y Lecciones IX. Maracaibo, IFD-LUZ, 1983.

SANTO TOMÁS DE AQUINO;  Suma Teológica. Varios traductores. Madrid, B.A.C., 1956. T. VI.

SARTRE, Jean-Paul;  L’ Existentialisme est un humanismo. Paris, Nagel, 1970.


Conferencia pronunciada el día 15 de junio de 2007, en la Primera Semana de la Doctrina Social de la Iglesia (Maracaibo, 10 al 16 de junio de 2007), organizada por la Arquidiócesis de Maracaibo, la Universidad Católica Cecilio Acosta y el Foro Eclesial de Laicos.
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